El ataque contra los medios de comunicación de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, no solo raya en lo infantil sino que demuestra, como mínimo, un grave déficit de transparencia en la magistrada –o en quien le prepara los discursos–.
Según Dixon, el mensajero tiene toda la culpa y la Corte es un paraíso lleno de sublimes arcángeles. Se atreve a proponer un pacto de no agresión –que va en contra del derecho de información y de la libertad de prensa– que pretende hacer a la prensa libre cómplice en la poco habilidosa tarea de esconder debajo de la alfombra aquello que no debe saberse. La democracia no funciona así, señora Dixon.
Los magistrados sí tienen derecho a defensa –pero la famosa prueba sumaria evita que lleguemos a esa etapa del proceso judicial–, ustedes gozan de todos los privilegios y protecciones institucionales –algo que no ocurre con el resto de los ciudadanos– y ustedes, además, tienen el deber de responder y rendir cuentas de sus actos como funcionarios del Estado. Los medios de comunicación seguiremos férreos en nuestra lucha contra la corrupción y el oscurantismo que parece se nos avecina. Otro lamentable retroceso.