Las presiones de la opinión pública han vuelto a provocar un giro en el Ejecutivo, que otra vez recurre al plazo mágico de tres meses de discusión en un intento por encontrar soluciones coyunturales a un problema que es estructural. Panamá reclama una política energética de medio y largo plazo que contemple retoques en la legislación –si es necesario– y planes acordes con las necesidades locales, pero compatibles con el mercado regional.
La improvisación y las presiones son malas consejeras. Sentimos que la brújula gubernativa no está debidamente calibrada, y andamos dando tumbos. Así, hoy enfrentamos el sorprendente giro en la divulgación de la información que reposa en el Ente: hace una semana parecía inamovible la posición de este organismo que se declaraba incapaz de hacer públicos los estados financieros de las empresas generadoras y distribuidoras de energía.
Hoy, la situación ha variado y se nos asegura que toda esta información financiera se podrá consultar por internet. Algo queda claro: la transparencia solo se logra a punta de presión ciudadana.