La violencia contra los menores no solo es recriminable, sino que repugna. Pegar, torturar, lastimar al menor, es ejercer el poder de la manera más cruel que se pueda conocer. Cada vez que una niña o un niño es maltratado, estamos garantizando un adulto frustrado, violento, que reproducirá los mismos patrones que durante su infancia se le aplicaron. Panamá tiene leyes para perseguir los delitos de abuso contra la infancia.
Pero las leyes deben estar acompañadas de acciones efectivas por parte de las autoridades, y por un cambio de actitud social profundo.
La violencia y abuso contra los menores se produce en todas las capas sociales y se tolera porque es considerado como "un asunto privado". No es así, se trata de un problema público que, a brevísimo plazo, carcome la médula de la sociedad al devolvernos un sujeto profundamente herido. Por ello hace falta una política inflexible y contundente contra los abusadores.