En nuestro país las modalidades para aprovecharse del Estado de forma burda y corrupta no tienen límite. Una de las más descaradas es la del tráfico de las exoneraciones fiscales a las que tienen derecho diputados, suplentes y parlamentarios centroamericanos.
Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas ha reconocido que puede ir tras los compradores de las exoneraciones que, ante la ley y ante la ciudadanía, son tan delincuentes como los diputados que importan vehículos de lujo que nada tienen que ver con el desarrollo de sus funciones públicas.
Pero lo sorprendente es que, ante petición de este diario, la Dirección General de Aduanas ha innovado trabas considerando que parte de la información de estos trámites es confidencial.
La transparencia prometida debe traducirse en una completa y eficaz divulgación de información necesaria para fiscalizar a los diputados y encontrar a los compradores de dádivas oficiales. El descaro no puede ser confidencial.