La justicia no solo debe ser la fiel traductora de la ley, sino que lo debe hacer en tiempo y forma. El tiempo sí es importante cuando se habla de administración de justicia y Panamá sufre de un tortuguismo dramático que se refleja en abuso contra la ciudadanía y en merma del Estado de Derecho. Hoy conocemos cómo la Corte Suprema demoró 16 años en decidir que no decide. Este caso es solo el símbolo de un problema profundo que no se resuelve con el mero relevo de magistrados o con nuevas salas de prensa. El Estado en su conjunto debe alinear esfuerzos y recursos para evacuar de polvo y expedientes los tribunales y salas de justicia atiborrados de injusticias archivadas. Suena a queja vieja, pero si de tanta patria nueva se habla, la solución a este problema sería un buen ejemplo de cómo se pueden cambiar las ajadas y paquidérmicas estructuras institucionales.