Es de suponer que los pasos que está dando el Gobierno en el tema de la energía eléctrica responden a un plan integral que prevé los escenarios de ese complejo mercado a mediano plazo.
El regreso del Estado al mercado –a través de la nueva empresa generadora– y las anunciadas investigaciones de posibles distorsiones intencionadas en los precios, parecen ser pasos que intentan enderezar lo que nunca debió torcerse. Pero, más allá de la inminente alza de tarifas, lo que está en debate –y a riesgo– es la estrategia, el modelo energético que requiere el país a futuro.
Ese modelo es el que deberá condicionar el apoyo y promoción a determinadas inversiones privadas en el sector o los nichos en donde el Estado debe entrar para garantizar un buen servicio y unos precios competitivos y razonables. Ese plan, si existe, debe comunicarse al país y a las empresas privadas para que el clima de negocios no se dañe y para que la seguridad financiera, política y jurídica sea la norma en el área energética.