Independientemente de si el detonante fuera o no una campaña malintencionada (la revelación tardía del incidente de violencia intrafamiliar), han sido sus propios actos y sus desacertadas declaraciones públicas las que han dejado en evidencia el desatino de la Asamblea Nacional al elegir al nuevo Defensor del Pueblo.
A los cuestionamientos que se le hacen por su nula trayectoria en materia de derechos humanos, hay ahora que sumarle una secuencia de declaraciones a lo largo de la semana pasada que arrojan graves dudas sobre su criterio. Queda claro que el señor García Correa dista mucho de entender la función para la cual ha sido elegido.
Su testimonio no ha necesitado detractores, pues él mismo se ha encargado de poner en entredicho su capacidad para ocupar la silla del defensor. Con dignidad le toca renunciar, pues su imagen –sin siquiera haber tomado posesión del cargo– ha quedado desacreditada. Y de paso, la Asamblea Nacional demuestra una vez más su incapacidad en poder llevar a cabo sus responsabilidades con seriedad y objetividad, encadenada al pernicioso partidismo y amiguismo.