La institucionalidad es mucho más que la suma de las instituciones públicas o de las leyes que las regulan. La institucionalidad de un país funciona cuando la democracia representativa está engrasada, y eso no está sucediendo en Panamá. Cada día vemos cómo los errores institucionales deben ser enmendados por la acción ciudadana reunida en alguna forma de asociación o grupo civil.
Observamos cómo es la presión de la calle la que debe sustituir al debate democrático y de altura que no ocurre en las tres ramas del Estado. Constatamos con tristeza cómo los casos de corrupción no se conocen ni se ventilan ni mucho menos se toman acciones concretas hasta que los medios lo denuncian, y que es necesaria la manifestación pública incluso para reparar un hueco en la calle.
La democracia no puede ser reactiva, y si los ciudadanos no nos sentimos representados por nuestros diputados y funcionarios, entonces algo en lo más profundo está fallando. La institucionalidad no es un cargo ni es equivalente al cumplimiento de la ley, también tiene que ver con la ética de lo colectivo y con la práctica de lo público.