¡Por fin, una decisión que celebrar emana del pleno de la Corte Suprema de Justicia! La acertada lectura de la Ley de Transparencia afirma el principio de que los estados financieros de las empresas de distribución eléctrica deben ser públicos.
La grata sorpresa no ha sido por el fundamento jurídico de los magistrados –toda vez que la ley ordena con claridad meridiana el acceso ciudadano por ser empresas que brindan un servicio público y en las que, además, los panameños somos accionistas–, sino porque hemos carecido por demasiado tiempo del concurso de la Corte Suprema en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia.
El fallo es contundente al reivindicar el derecho de todos de fiscalizar los resultados financieros de empresas que prestan servicios públicos, a la vez que delata la complicidad del Ente Regulador al pretender, a toda costa, cobijarse en una confidencialidad que no encuentra fundamento ni en la ley ni en el espíritu democrático que nos merecemos. En lo que respecta a la Corte, ¿esta decisión debemos interpretarla como una excepción, o es un soplo de esperanza?