Tenemos nuevas entidades reguladoras –la Autoridad de los Servicios Públicos y la de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia–, tenemos nuevos administradores –Víctor Urrutia y Pedro Meilán, respectivamente– y tenemos nuevas promesas –"garantizar la protección de la economía de nuestras familias", dijo ayer Torrijos–.
De momento son solo cambios de forma que, para responder a las expectativas, deberán traducirse en un control más riguroso y activo que evite los abusos del mercado y las distorsiones malintencionadas. Requerimos más que reformas cosméticas, que no se repitan los errores de cambiar la fachada, pero dejar el interior en ruinas.
Lo más importante para que las dos nuevas autoridades sean competentes es que se combinen a partes iguales la capacidad técnica con la efectiva voluntad de actuar. Y esta última es, quizá, la más importante, ya que estamos demasiado acostumbrados a autoridades plegadas a los intereses particulares, que olvidan que es desde el interés público donde se deben salvaguardar las garantías ciudadanas.