Muy pronto, el país enfrentará un debate vital: ¿debemos o no abocarnos a la modernización del Canal? Además del intercambio lúcido de argumentos que esperamos, es preciso que la institución encargada de consultar a los ciudadanos demuestre eficiencia, transparencia y absoluta independencia del Ejecutivo.
Por ello, la designación de un antiguo y activo militante del partido de gobierno como máximo coordinador del próximo referéndum no resulta muy tranquilizadora. Como tampoco tranquiliza que los magistrados del Tribunal Electoral -y el fiscal Electoral, Gerardo Solís- aleguen que aún no hay límites para la injerencia del Ejecutivo en relación al proyecto de ampliación del Canal, porque el reglamento del referéndum tiene que esperar a que la Asamblea determine la fecha de la consulta.
Esta es una afirmación peligrosa pues las normas generales existen y solo falta la voluntad de exigir su cumplimiento. Mal señal se manda a la ciudadanía si los funcionarios electorales deciden mirar para otro lado, en lugar de hablar claramente de las reglas del juego.