¿Es necesario contar con algún estudio para confirmar que en nuestro país hay una cierta desidia ante la explotación sexual de menores de edad? Sería falso tranquilizarse pensando que es un fenómeno aislado o que un par de cientos de denuncias en la PTJ resumen el drama de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El problema es mucho más profundo porque, según los expertos, la mayoría de los abusadores está dentro o cerca del entorno familiar y por eso las denuncias difícilmente llegan a ser interpuestas.
Este asunto es de los que requiere la conjunción efectiva de esfuerzos porque se necesita el brazo preventivo del Gobierno, el coercitivo de la justicia y la policía, y la actitud decidida de cero tolerancia por parte de la sociedad. Los menores no son patrimonio de nadie, ni son objetos sexuales o económicos. Una denuncia ciudadana a tiempo puede evitar situaciones que dejan daños permanentes y secuelas psicológicas para toda una vida.