Hay un viejo discurso que repiten todos los gobiernos entrantes y que se diluye con los salientes. Se trata de la necesaria resocialización de los presos. Dejando de lado la tremenda mora judicial que convierte la prisión preventiva en encierro permanente, el doble discurso impide que una persona que ya haya pagado su pena se reincorpore a la plena vida ciudadana.
Con récord policivo o sin él, pocos se atreven a dar empleo al que acaba de salir de una cárcel y nulos son los mecanismos del Estado para poner en marcha programas de integración que eviten la reincidencia en el delito. Al trauma de la privación de libertad se une así el estigma social que tienen que cargar estas personas, incluso aquellas cuyos delitos hayan sido menores y sus condenas pequeñas.
Durante este gobierno, el asunto parece aún más complejo, con tres directores hasta ahora al frente del sistema penitenciario, una política cambiante y un submundo carcelario que cada día es más tenebroso y que, por tanto, no favorece ninguna resocialización.