Panamá se enfrenta a un reto de grandes proporciones: aprovechar el interés de inversionistas nacionales y extranjeros que ven al país como un paraíso para turistas y retirados sin provocar daños irreversibles a nuestro patrimonio ambiental y a nuestro clima social.
Hasta el momento hemos perdido la materia, porque en la mayoría de las provincias se está vendiendo la tierra sin control y sin ningún método que regule su uso dentro de un plan de desarrollo sustentable e integral.
Quizá el lugar donde más clara se presenta esta situación es el archipiélago de Bocas del Toro, donde el metro cuadrado vale demasiado y el desarrollo es una quimera que ningún gobierno ha planificado.
El Ejecutivo debe tomar cartas en el asunto y evitar que la terrible huella de los especuladores crezca más. Todas las inversiones con sentido son bienvenidas, pero siempre hay el riesgo de que algunos se centren en el beneficio rápido sin reparar en las consecuencias.