Con una sagacidad insuperable, la Asamblea Nacional decidió que a los diputados los investigue la Corte Suprema de Justicia, en lugar del Ministerio Público, y con este giro lograron blindar aún más su protección parlamentaria. No solo se adicionan un fuero para frenar cualquier intento de hurgar en las actuaciones de los honorables diputados, sino que quedan amparados en la ventaja que otorga el ser ambos órganos juzgadores recíprocos.
Este descaro parlamentario obligará ahora a que el Ministerio Público –a quien por mandato constitucional le corresponde investigar los delitos– enfrente el desgaste de impugnar este privilegio en un intento por retener la competencia investigativa. ¿Pero a quién le tocará decidir al final cualquier recurso? A la misma Corte.
Es decir: todos los caminos llegan a las faldas del cerro Ancón y allí, como ya sabemos, naufraga cualquier intento de limpiar o adecentar nuestro aparato estatal. Quizá por eso los diputados, muy hábilmente, eligieron a la Corte para que los ‘fiscalice’.