La forzada salida de la superintendente de Bancos por presiones del Ejecutivo es una muestra adicional de la falta de compromiso de los políticos con la institucionalidad. Han sido varias las leyes que se han reformado en los últimos años en un esfuerzo por alejar del partidismo a entidades técnicas y de supervisión, como lo es el ente que fiscaliza el sistema bancario.
Pero poco puede ser resguardado cuando de satisfacer el apetito inacabable de los políticos se trata. Si acaso el Ejecutivo posee razones de fondo para remover de su cargo a Delia Cárdenas, entonces que las haga públicas y nos ahorre excusas baladíes.
Pero triste daño le hace Torrijos a las instituciones del país con continuar la conocida práctica de someter a los caprichos del mandatario de turno, y los de su partido, los entes creados precisamente para darle continuidad.