Para nadie es una sorpresa que la justicia en Panamá no es uniforme. Hay más posibilidad de ver pudrirse en la cárcel a un ladrón de carteras que a un estafador multimillonario. Por una parte, juega a favor de estos personajes poderosos la capacidad económica y política que moviliza recursos y voluntades a punta de chequera.
Por otra, el sistema judicial flaquea y hace de cómplice perfecto para que los delincuentes de cuello blanco impongan sus condiciones para entregarse, declarar y, en pocos casos, pagar condena.
Los ciudadanos de a pie no pueden dormir tranquilos ni confiar en la justicia mientras esto siga ocurriendo con tanto descaro, mientras los Salerno y los Pariente puedan seguir paseándose por este país, cuando hay miles de compatriotas en los patéticos centros penitenciarios sin haber tenido siquiera juicio ni abogados acostumbrados a dilatar procesos o a negociar ventajas como las que reciben los renombrados. No solo es preocupante, sino que indigna a cualquier persona con cierto sentido de la decencia y la justicia.