Estamos en el país de las herencias envenenadas y las verdades silenciadas. Cada administración aplica un poco más de veneno a nuestras atrofiadas arterias estatales, bien por acción premeditada o por omisión culposa. Algo de esto último hay en el actual conflicto laboral de la Caja de Seguro Social, ese que se revuelve a partes iguales con docentes intransigentes y sindicatos ambivalentes en marchas multipropósito.
Los funcionarios administrativos que están tratando hoy de arrinconar a Luciani son los mismos miles de empleados burocráticos con los que abultó la planilla Jované ayer. Un grupo de poder dentro de la Caja de Seguro Social que exige el cumplimento de unos acuerdos que serían viables si esa planilla no se hubiera multiplicado por obra y gracia de los intereses del entonces director de la institución.
Ahora, no solo pagamos las consecuencias de nuestros golpeados bolsillos sino que la supuesta tranquilidad económica que nos traería la traumática y costosa reforma del Seguro Social, amenaza con ser un espejismo. Y mientras, la calidad del servicio y la atención médica siguen siendo una realidad que la mayoría de las veces es una pesadilla.