Quien sueñe con una Corte Suprema de Justicia respetable e independiente, mejor que despierte ante el dolor de los hechos. Cada día brotan nuevas evidencias sobre la conducta inadmisible de quienes están llamados a administrar justicia. ¿Cómo es posible que un magistrado de la Corte Suprema –a pesar de lo bien remunerado del cargo– reciba dinero de particulares, amén de empresarios y políticos? Regalos, préstamos, coimas, dádivas –llámeles como quiera–... todas proyectan la tenebrosa sombra de la corrupción al dejar al juez vulnerable ante su acreedor o mecenas.
Lo triste es que las conductas que riñen con la ética no se desvanecen con los magistrados anteriores, sino que hacen hábito de muchos de quienes hoy ejercen el cargo. Los magistrados mantienen vínculos directos con los partidos políticos y los mandatarios que los nombraron, y no hallan impedimento alguno en conocer casos que afectan a estos u otros amigos.
Junto al combate a la pobreza, enrumbar la administración de justicia es una tarea impostergable de los panameños, que simplemente no podrá comenzar mientras permanezcan en sus cargos esos magistrados.