En un despertar alentador, los ciudadanos estamos cada día más alertas ante los abusos de los funcionarios. Así ocurrió en el caso del magistrado del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla, cuando una denuncia ciudadana puso sobre la pista a este diario del uso particular que la esposa del funcionario da a un costoso vehículo que pagamos todos los panameños.
La respuesta del magistrado es, a todas luces, insatisfactoria y, una vez más, se comprueba que algunos de los más altos cargos del Estado no entienden que no solo deben ser honestos por mandato legal, sino porque son un ejemplo para el resto del país.
Lo más grave es que este caso –que seguramente no es único– corresponde a un funcionario que devenga un salario de 10 mil dólares al mes y con un reclamo altísimo de unas vacaciones que pronto serán cobradas. Algo anda mal en este país donde la transparencia y la probidad andan de boca en boca, mientras los actos de los que las deben defender y ejemplarizar van por otros senderos.