No causa asombro la petición requete anunciada de los magistrados salientes del Tribunal Electoral de exigir más de una década de vacaciones supuestamente acumuladas. Nadie discute el merecido e irrenunciable derecho al descanso anual, lo que resulta bochornoso es que pretendan sustentar tal beneficio en un alegado trabajo ininterrumpido hasta por 16 años.
Por ello, celebramos la decisión del Contralor de ordenar una auditoría, pero lo instamos a que use todos los recursos que la ley pone a su alcance para desenmascarar este descarado abuso. No es posible justificar lo injustificable y confiamos que así finalmente será resuelto este penoso y costoso episodio.
La ciudadanía necesita recobrar la confianza en las instituciones fiscalizadoras y esta es una buena oportunidad para demostrarnos que sí es posible ponerle coto a las acciones abusivas. Es hora de mandar señales de que sí hay intención de poner fin a la piñata en que algunos han convertido los fondos públicos.