Setenta y cinco panameños han muerto en cinco casos de impacto ocurridos durante el gobierno de Martín Torrijos, y es como si no hubiera pasado nada. Queda una sensación de indignación al revisar en qué van las investigaciones exhaustivas anunciadas luego de cada trágico episodio.
La responsabilidad política por lo ocurrido en cada caso no existe ni existió pues los únicos juzgados o destituidos, cuando más, han sido solo quienes se encuentran abajo en la jerarquía institucional: las sanciones a los altos cargos –aquellos que fijan las políticas y procedimientos– han brillado por su ausencia. Queda también la desazón por la labor de un aparato judicial lento que se percibe rezagado y corrupto frente a los reclamos de justicia que exige la opinión pública.
Y está el lánguido papel del Ejecutivo, que reacciona con anuncios de reestructuración y comisiones especiales para arreglar lo que al final no cambia. Setenta y cinco muertos, y sigue sin pasar nada.