La manzana se pudrió frente a las cámaras de televisión y el único efecto positivo fue que todo un país decidió atajar ese proceso degenerativo. Ya hay un proyecto de ley para modernizar el transporte público, o al menos para reducir sus instintos asesinos. Ahora hay dos retos. El primero, vencer las resistencias de una Asamblea acostumbrada al secretismo y a defender intereses particulares de algunos honorables. Hay que recordar que varios de los señores feudales del transporte se sientan en curules de elección popular. El segundo, garantizar que el Ejecutivo no ceda ante los transportistas. Lo que está en discusión es la salvaguarda de derechos ciudadanos fundamentales. Si el Gobierno se planta y demuestra su solidez, contará con el respaldo de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de un amplio espectro político. Si retrocede ante quienes han mostrado con creces su irresponsabilidad, confirmará los temores de los más pesimistas: que tras la tormenta todo se pacta.