El nuevo anuncio de paro por parte de los transportistas no es una declaración de guerra al Gobierno. Es, directamente, un ataque al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la capital.
Rehenes de este grupo de buseros/cuperos, los capitalinos no podemos permitir ni el chantaje ni el caos. Igual que, en otras ocasiones, hay que manifestar los desacuerdos con el Ejecutivo, hoy tenemos que llamar a la alianza sociedad civil-Gobierno para enfrentar a un sector que durante años ha maltratado a los usuarios, ha presionado a políticos, se ha comportado de manera negligente, no ha invertido en sus vehículos, ha irrespetado a sus empleados ‘informales’ y, aún así, pretende aparecer ante el país como una víctima.
No más. Se acabó el relajo y llegó el momento del orden y el servicio respetuoso. Ningún paro va a cambiar la determinación ciudadana que, por supuesto, es mucho más vigorosa que la de nuestros diputados.
El mensaje que enviamos a los transportistas debe llegar claro y alto también a la Asamblea Nacional. No más dilaciones, no más juegos en la Comisión interesada. La reforma de la ley es tan urgente como el control de los ataudes con ruedas que hoy circulan por nuestras calles.