"La transparencia en el manejo de la cosa pública es el deber de quien recibe el mandato para gobernar". Esta es una frase extraída del plan de gobierno del hoy presidente, Martín Torrijos. Para su campaña, esta promesa estuvo estupenda, pero hoy, a la hora de aplicarla, sufre de amnesia.
Y es así, porque, por mandato de la Ley de Transparencia –respaldado por una decisión de la Corte Suprema– quedó establecido que los estados financieros de las empresas que prestan servicios públicos son de acceso público. Pero el Consejo de Gabinete introdujo un cambio que ha dado pie a que el Procurador de la Administración opine ahora que vuelven a ser herméticos. Entonces, ¿de qué moral habla Torrijos?
¿de qué sirve la Ley de Transparencia si sus funcionarios la pisotean en cada oportunidad que tienen? ¿Y es que también debemos recordarle al Procurador que los panameños tenemos dinero invertido en esas empresas? No olvide, señor Ceville, que fue el propio Presidente el que afirmó en su plan de gobierno que "pecan de ignorancia quienes desvinculan el desarrollo con el país moral". Y no tiene nada de moral ocultar información que claramente es pública.