Lo que ocurre en la Asamblea con la discusión del nuevo Código Penal expone con sobrada claridad la hecatombe que algunos tratan de disfrazar amparados en sus bancadas partidistas y con despreciables madrugonazos, para impedir el necesario y prudente debate.
En el análisis del proyecto de ley y la huérfana defensa de algunos temas, ha quedado en evidencia el papel protagónico que han tenido que asumir las organizaciones no gubernamentales frente a la reprochable pasividad –con solo algunas aisladas excepciones– de los partidos políticos. Son ellos, en buena parte, garantes de la democracia, pues sin ella no tuvieran relevancia en la vida nacional. Pero parece mentira que sean los políticos, precisamente, los que prescinden ahora de esta forma de gobierno.
La sordera que repentinamente sufren ante el clamor de la ciudadanía solo revela la existencia de otros intereses ajenos al bienestar colectivo. Si aún esperan recuperar el prestigio que alguna vez tuvo este oficio, tendrán que hacer algo más que aparentar dirigir una agrupación política, porque el respeto, señores políticos y diputados, no se gana demandando ni acallando las voces críticas.