Desde hace un par de meses circula en el mundillo político un borrador de ley que contempla el establecimiento de una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia. Una vez más, el gobernante de turno recurre a la famosa Sala Quinta y lo hace por las mismas razones que Ernesto Pérez Balladares en su momento la impuso: para alterar el balance de poder dentro del órgano que administra justicia.
Es el control de la Corte y no el fondo constitucional lo que persiguen los gobernantes. Y si bien es cierto que en el alto tribunal existe aún una mayoría de magistrados cuyas decisiones han sido abominables, la solución del Ejecutivo resultará ser peor que el mal que pretende corregir. Lo triste es que el país reclama a gritos una jurisdicción constitucional independiente que sirva para reivindicar los derechos fundamentales de los panameños, tan olvidados como despreciados en la actualidad.
Pero un tribunal constitucional es solo viable mediante una reforma constitucional. Lo demás son parches y peligrosas jugarretas políticas. ¡Cuidado!