Al final, el PRD se salió con la suya. El presidente, Martín Torrijos, no ha encontrado razón suficiente para vetar los artículos que en el nuevo Código Penal son un franco retroceso en materia de libertad de expresión y fiscalización.
El partido gobernante –con la complacencia de los demás políticos– ha dado un duro golpe a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la libertad. Una cosa fue llegar al gobierno con el bonito eslogan "cero corrupción" y sus conocidas promesas, y otra es gobernar manteniéndose fiel a la lucha contra la maleantería.
El velo con el que pretendía Torrijos esconder su coparticipación en el entuerto ha caído, revelando su verdadero rostro, sin el maquillaje de su "patria nueva". La tarea de los medios de comunicación debe continuar, aunque al Presidente y a sus diputados no les guste oír la verdad. Entre tanto, la cárcel seguirá abierta para los periodistas o para el ciudadano que tenga la osadía de denunciar hechos contra funcionarios que, a pesar de que sean ciertos, resulten "ofensivos" a su dignidad o decoro.