Un país en desarrollo es aquel en el que las normas están claras, se cumplen y están orientadas al bien común. Pero casos como el de Punta Pacífica simbolizan la incapacidad del Estado de generar un clima de seguridad en todos los ámbitos. En el jurídico, porque proyectos cuyos planos –aunque "extraviados"- tienen los sellos de todas las instancias administrativas se comen espacio público por arte de magia.
En lo laboral, porque hasta los obreros están reclamando más medidas de seguridad para evitar que bajo las torres resplandecientes y costosas queden enterrados más trabajadores por la irresponsabilidad de unos y otros. En lo referente a seguridad pública, porque ese relleno dudoso es una ratonera de oro donde un incendio o un desastre natural sería una trampa mortal para sus felices habitantes.
En estos casos, el gobierno de turno –y este no es diferente- le echa la culpa al anterior o a otra instancia del Estado sin entender que la confiabilidad en un país no la da la M de Martín sino la E de un Estado fuerte, con continuidad en las políticas públicas básicas y combinada con la P de planificación, esa palabra casi desconocida por nosotros.