La Contraloría General de la República, entonces dirigida por Dani Kuzniecky, empezó hace unos meses –en medio de una acalorada discusión pública– una investigación sobre las vacaciones que reclaman los magistrados del Tribunal Electoral.
Los ciudadanos debemos concluir que los resultados de esas auditorías fueron contundentes y que no existe la menor duda de que hay que pagarles los 42 meses de vacaciones –a razón de 10 mil dólares por mes– que reclaman los magistrados Pinilla, Allen y Valdés. También tendremos que presumir que no se encontró ninguna irregularidad, aunque de las investigaciones no se haya divulgado ni una sola palabra.
Está claro que la transparencia, principio esencial de la gestión de la Contraloría, es precisamente lo que le ha faltado a esta investigación, porque el actual contralor, Carlos Vallarino, ha guardado un sospechoso silencio. Flaco favor les hace a los magistrados al pagarles sin divulgar los resultados de las auditorías realizadas en este caso. Puede, señor Contralor, que haya ganado las simpatías de tres magistrados, pero ha sembrado la duda en la sociedad.