El fallo de la Corte Suprema que –de manera unánime– declaró ilegal la detención del director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, nos deja una cosa clarísima: el Ministerio Público y la Corte tienen opiniones diametralmente opuestas sobre un mismo hecho. Para el MP, Luciani es responsable –por omisión– de los envenenamientos con dietilene glycol; sin embargo, para la Corte esta responsabilidad por omisión no alcanza al Director de la Caja, y tanto su detención como las otras medidas cautelares –aplicadas por el MP– son ilegales.
Así, el expediente de la investigación parece retroceder al punto de partida; mientras, los panameños seguimos siendo espectadores en esta trama que parece no avanzar. Independientemente de los tecnicismos legales argüidos, tanto el MP como la Corte tienen en sus manos el resultado de este emblemático caso.
Ambas instituciones pueden diferir en su interpretación del alcance de la omisión, pero la responsabilidad que no pueden omitir es la de dar cuentas a la sociedad y encontrar a los verdaderos responsables de la peor tragedia de salud pública que ha sufrido nuestro país.