Un accidente vial invariablemente conlleva sinsabores, pero cuando mutila una vida, cobra entonces otra dimensión. No solo por la responsabilidad penal, sino porque la existencia y el alcance del seguro de los vehículos involucrados puede hacer la diferencia entre la recuperación de las víctimas o su abandono. Pero, ninguna compañía aseguradora seria va a emitir una póliza a un automóvil que no reúna las condiciones básicas.
Entonces, el seguro obligatorio se torna una quimera que se estrella frente a la realidad de buses que circulan sin cumplir con los requisitos mínimos y, por ende, sin seguro para cubrir nada ni a nadie. De allí que solo la existencia de una ley cuyo cumplimiento sea inflexible puede darnos las garantías esenciales de que en caso de un siniestro, habrá un responsable para sufragar el daño causado.
Tras la tragedia que nos estremeció al ver arder vivas a 18 personas aquel 23 de octubre de 2006, el Gobierno nos ha negado –una vez más– la oportunidad de acabar con las mafias del transporte. Ojalá la pena de deudos y sobrevivientes al revivir el dolor de la reconstrucción, que hoy empieza, no sea otro sufrimiento en vano.