Más allá de si una fiscal cumplió o no con las exigencias legales para investigar un supuesto soborno en las entrañas de la Corte Suprema, el caso vuelve a poner en evidencia la peligrosa división que reina en esa corporación. La magistrada Dixon habló supuestamente en nombre del pleno, pero en el acto faltaban cuatro de sus colegas.
Y más aún, uno de los ausentes –Arjona– volvió a tomar distancia de las posiciones de la presidenta de la Corte. Pero lo más lamentable es que la Corte ha impedido, una vez más, que se investiguen actos de corrupción en su propio seno.
Si sabemos que la Asamblea Nacional –a quien por ley le corresponde investigar a los magistrados– no moverá un dedo para ello, y ahora la Fiscal Anticorrupción se estrella con el blindaje con que se arropa la Corte, entonces, ¿quién habrá de investigar a estos señores? Una vez más, la Corte se refugia en las protecciones que el sistema político le ha regalado. Una vergüenza.