La ironía ha cedido a la tragedia en este país. La Corte Suprema de Justicia, que en todo estado de derecho debe ser la garante primaria de los principios democráticos, parece actuar a la inversa. En vez de defender la transparencia y la rendición de cuentas en su gestión, nos sorprende a diario con decisiones contradictorias y argucias que buscan el imperio de la oscuridad.
Mientras que sobre la ciudadanía flotan mil interrogantes acerca de la actuación de un magistrado que no solo giró un cheque sin fondos, se aprovechó del Banco Nacional para cambiar –25 mil balboas– en efectivo, y luego salió del apuro con fondos de un ex ministro de Estado, la Corte hace lo necesario para que jamás sepamos qué ocurrió.
En vez de propiciar claridad, la Corte Suprema se empeña en detener todo esfuerzo por encontrar la verdad. ¿No tenemos derecho a saber qué ocurrió? ¿No están los fiscales obligados a indagar? ¿Debe entender el ciudadano que son normales estas situaciones en la Corte? ¿O es que, simplemente, no merecemos una explicación?