La Corte Suprema de Justicia parece aprovecharse de cualquier argumento para interponerse en el camino y obstaculizar investigaciones de casos de corrupción. Precisamente ahora, cuando se investigaba un soborno cobrado por el fiscal Arquimedes Sáez, la Corte ha decidido que la Procuradora General de la Nación no es autoridad judicial y, en consecuencia, no está constitucionalmente facultada para interceptar y grabar conversaciones telefónicas.
Esta decisión –tomando en cuenta que la intercepción de llamadas era prueba importante para inculpar al fiscal– debilita el caso y abre las puertas para la impunidad del fiscal investigado. Independientemente del debate jurídico de fondo, una vez más nuestra máxima corporación de justicia se encarga de poner trabas, en vez de facilitar investigaciones de funcionarios corruptos.
Y aún más preocupante es que este fallo de la Corte pudiera acabar con otros casos de alto perfil en los que la Procuradora se haya valido de la intercepción telefónica para recabar pruebas. Las consecuencias pueden ser muy graves.