Todo el mundo se escandalizó cuando supo que un tío del Presidente se hizo de valiosas tierras a cambio de menos de un centavo el metro cuadrado. Todo el mundo, menos los funcionarios.
La Procuraduría de la Administración, basándose en las siempre convenientes formalidades legales, ha pedido a la Corte Suprema que no admita una demanda en la que se podría resolver el secreto de cómo volverse millonario con el Estado gracias a una "inversión" de solo 2 mil dólares. Una vez más, el oscurantismo pretende otro triunfo. Pero la petición no sorprende, especialmente si se considera que el Procurador salió de las entrañas del partido que lidera el actual gobernante y a quien, por añadidura, le debe el cargo.
La trascendencia de este caso no se limita a una operación de compra-venta de tierras. Está claro que el Estado –que somos todos–, en este caso, es el gran perdedor, pero eso ni siquiera hizo pestañear al funcionario que pide que se archive la demanda. Hace falta ser ciego para no ver lo obvio.