Hoy por Hoy 2007/08/19

Todos sabíamos que la mera aprobación de la Ley de Transparencia no cambiaría automáticamente la tradición de opacidad oficial. Los cambios culturales tardan años y precisan convicción. La administración Moscoso –que obligada por las circunstancias, sancionó la ley- hizo todo lo posible para impedir su verdadero cumplimiento. La Corte Suprema de entonces le permitió que se saliera con la suya, a pesar del inequívoco mandato legal en favor del acceso público. Por ello, el pronunciamiento de la Corte Suprema de esta semana es un triunfo para celebrar al reivindicar el derecho de cualquier ciudadano a demandar información sobre salarios oficiales. La reprimenda de la Corte a la Contraloría (que esgrimió que la información podía encontrarse en otro despacho y que era demasiado amplia) debe servir de orientación al resto de los funcionarios que anteponen pretextos al mandato que los obliga a responder los cuestionamientos de todo aquél que desee saber en qué se utilizan los recursos del pueblo.