El Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir las leyes, y punto. No hay espacio para la interpretación; la ley es clara. Sin embargo, hoy miles de personas fueron víctimas de un grupo de panameños que, aunque tiene reclamación legítima, simplemente decidió bloquear el acceso a la ciudad de Panamá por más de cinco horas, sin que las autoridades se dignaran aplicar las normas que nos rigen como sociedad.
Este pequeño grupo de gente prohibió el libre tránsito, generó un caos vehicular de grandes proporciones y, como si fuese poco, causó significativas pérdidas económicas con su irresponsable acción. ¿Cómo es posible que la gente se burle de la ley tan claramente y no se exija responsabilidades legales? Y además de las obligaciones internas, Panamá también tiene el compromiso internacional de mantener la vía Interamericana abierta al tránsito y comercio regional. Ya es hora de que las autoridades asuman su rol y hagan cumplir la ley en un país que por momentos parece más anárquico que democrático.