Por años, hemos oído que habrá más seguridad; hemos visto iniciativas legislativas para desanimar al infractor y hemos contemplado los rostros avinagrados de funcionarios que juran –golpeando la mesa con el puño cerrado– que habrá menos tolerancia al crimen. Y, simultáneamente, esas promesas las percibimos lejanas a la realidad; los maleantes ni pestañean al saber que pagarán más años por tal o cual delito, y los pandilleros responden con balas a quien ose reprimir sus actividades. Pareciera que autoridades y malhechores se pulsean para hacer saber quién es el que manda.
Es evidente que los segundos tienen una clara ventaja: lo que hemos vivido en las últimas semanas deja ver quiénes tienen las fortalezas y quiénes las carencias. La violencia se ha convertido en un asunto que reclama mano dura. Y, aunque es entendible que este es un problema complejo, no puede uno ponerse a filosofar sobre ello en medio de los tiros.
Los ciudadanos necesitamos respuestas ahora. Las promesas las pueden guardar para la próxima contienda electoral, si es que para entonces sirven de algo.