Cuando el dinero, o más bien la falta de este, es la causa principal de la discordia que mantiene al país al borde de una crisis sanitaria, saber que los controles de fiscalización andan flojos no ayuda a mejorar el panorama, al contrario, solo arroja sal a la herida.
Por un lado, un desfalco millonario se destapa, involucrando fondos destinados a mejoras en infraestructura educativa, pero que han sido desviados para beneficio particular sin que haya sonado ninguna alarma ministerial. Así también, nuestra máxima representante de la justicia panameña viaja con fondos públicos en busca de patrocinio internacional para asegurar su futuro antes de abandonar su cómoda silla presidencial en la Corte Suprema, y aún no recibimos explicación de porqué nuestros dineros se destinan para provecho personal.
Y finalmente, una agresiva y costosa campaña mediática es lanzada por el Órgano Judicial para dizque mejorar la cara de la justicia, pidiéndole a la ciudadanía que sea justa con los jueces. ¿Y entonces? ¿Dónde queda la justicia en el uso, distribución y fiscalización de la plata de todos los panameños?