El panorama para los servicios de salud que –por Constitución– el Estado está obligado a garantizar a todos los panameños, no se perfila muy claro. El anteproyecto elaborado por el Gobierno, contrariando lo que parte importante de los garantes del diálogo han sostenido, le otorga la responsabilidad de la provisión de servicios de salud a la Caja de Seguro Social, dejando al Ministerio de Salud solamente como ente rector.
Desde el punto de vista administrativo y financiero, este camino no solo presenta complicados obstáculos, sino que implica volcarle a la institución encargada de las pensiones, jubilaciones y riesgos profesionales, los servicios de salud de toda la población del país. Y como si faltara más complicación, la discusión de este documento se nos viene encima precisamente cuando el derecho a la salud de los panameños se encuentra secuestrado por el gremio médico, cuyo paro de labores tiene a la población sometida a una injustificable zozobra.
Mientras tanto, el usuario es quien al final se lleva la peor parte.