Los recientes escándalos de corrupción en el seno de nuestras instituciones públicas nos enfrentan a la crudeza de que la podredumbre sale de dentro del Gobierno mismo. Pero cuando la patraña se descubre en la Policía y la PTJ, entidades llamadas a combatir el crimen y brindar seguridad, entonces el perjuicio es doble pues se juega con la hacienda pública y, además, con la vida de los habitantes de este país.
¿En manos de quién estamos cuando las narcomafias usan como instrumentos operativos a nuestros agentes de seguridad? Esta situación nos lleva a concluir que la única salida para combatir la corruptela es un sistema judicial independiente que se atreva a juzgar e imponer castigos ejemplares.
Así pues, el presidente Torrijos no puede equivocarse al designar a los dos nuevos integrantes de Corte Suprema. Exigimos se nombre a dos panameños probos cuyas credenciales y solvencia moral sean incuestionables y, principalmente, que estén desligados de compromisos políticos con el gobierno de turno. Merecemos una justicia que empiece a poner orden.