La política criolla se ha caracterizado por fomentar medidas para autoproteger y mantener a buen resguardo a los políticos del patio. En el caso de los señores diputados, luego de contar con inmunidad por muchos años, y ante la avalancha de críticas de la sociedad, decidieron "despojarse parcialmente" de esta con las reformas constitucionales de 2004; sin embargo, rápidamente se volvieron a arropar con la amplia toga de la impunidad, en los predios mismos de la Corte Suprema de Justicia.
Y ello, ya que hoy los padres de la patria solo pueden ser juzgados por la Corte, mientras los magistrados de esta última solo pueden ser procesados por la Asamblea Nacional. Con este "acuerdo de protección bilateral", por un lado, y con una Corte politizada, por el otro, no debe extrañarnos que –aunque las denuncias hayan abundado– ningún diputado haya sido alcanzado aún por la justicia.
Sin duda, la desfachatez es la consigna común. Ello nos obliga, como electores, a pasarles la factura en las próximas elecciones.