El rechazo que recibió la magistrada Graciela Dixon en su postulación a la Corte Penal Internacional habría podido evitarse con un poco más de sensatez.
Por un lado, la propia candidata se obstinó en sus aspiraciones, dando inicio a un costoso periplo sufragado por el bolsillo de todos los panameños, pues la licencia con sueldo –y los viáticos– que se le otorgó para que viajara a promover su pretensión, fue pagada con nuestros impuestos y no precisamente basada en un salario mínimo.
Y por el otro lado, se trata de un fracaso diplomático del Gobierno, por empeñarse en postular y promover una candidatura tan duramente cuestionada localmente. Nos queda la vergüenza de no lograr los niveles de excelencia presentados por Uganda y Trinidad y Tobago durante las cuatro rondas de votación.
Ello en nada favorece la imagen internacional de Panamá frente a los miembros del Estatuto de Roma, quienes escrutaron a una candidata que, por medio de sus fallos, demostró su antagonismo con principios básicos para juzgar y castigar los crímenes contra la humanidad.