Toda persona que aspire a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de ser un libro abierto frente a la población panameña. La justicia es el pilar de toda sociedad democrática y, como tal, debe ser administrada por profesionales del derecho que cumplan los más altos estándares éticos y profesionales.
Es por ello que el proceso de evaluación de los aspirantes debe darse con suma transparencia –de principio a fin–, haciendo pública toda la documentación pertinente, incluidas sus hojas de vida, entrevistas, comentarios y quejas recibidas por la comisión. Si el proceso de evaluación es supuestamente abierto, ¿por qué no divulgar sus resultados?
Los panameños tenemos derecho a conocer el perfil completo de los 74 panameños que tienen pretensiones de convertirse en magistrados de la Corte. Esperamos que los comisionados escuchen la voz popular.