La reciente diferencia surgida entre el Tribunal Electoral (TE) y la Contraloría General de la República en torno a la contratación directa de una empresa para el proyecto de identificación ciudadana, merece ciertos comentarios.
Por un lado, el mensaje más relevante lo constituyen las observaciones presentadas por la Contraloría al TE, en cuanto a que nadie está por encima de la facultad fiscalizadora que la Constitución Política otorga al contralor. Independientemente de los conflictos de competencia surgidos entre el TE y el Tribunal de Contrataciones Públicas, y de cómo finalmente este sea dirimido por la Corte Suprema de Justicia, el final de esta historia debe concluir que toda institución del Estado está sometida a ciertos controles que son necesarios para el buen manejo de la cosa pública.
No hay duda de que el sistema de identificación ciudadana es de suma importancia para el país, pero eso no le otorga carta abierta al TE, que ahora debe atender los errores señalados por la Contraloría. Así funciona el estado de derecho.