La última reforma a la Constitución, aprobada en el año 2004, creó un tribunal especializado para ventilar delitos relacionados con el manejo de fondos públicos. Desde entonces, el Ejecutivo tenía la obligación de enviar a la Asamblea un proyecto de ley para desarrollar esta nueva instancia de administración de justicia. Y justo en el año preelectoral, el presidente Torrijos decide meterle velocidad al tema.
Entre las bellezas que incluye el proyecto -concebido para nombrar tres nuevos magistrados-, también engloba un fiscal al mismo nivel del Procurador; es decir, Torrijos tendrá 4 nuevos puestos con rango de magistrados de la Corte Suprema, quienes devengarán 10 mil dólares mensuales cada uno y toda suerte de prerrogativas.
En adición, este ente tendrá secretario general, asistentes y una abultada planilla generadora de votos, burocracia y corrupción. Al final, parece que la jurisdicción responsable de investigar y juzgar los delitos por malos manejos de los fondos públicos quedará totalmente bajo control del gobernante PRD. ¡Qué mejor legado frente a un posible cambio de gobierno! Demasiado sospechoso.