En el curso de una investigación es comprensible que haya reservas a fin de no perjudicar las pesquisas. Pero finalizado ese paso, cuando los fiscales emiten su opinión jurídica en la llamada Vista Fiscal, es incomprensible que los ciudadanos no tengamos acceso a los motivos y razonamientos en los que se sustenta tal o cual postura.
La situación se justifica menos cuando el involucrado es servidor público. Ese es el caso del Fiscal Electoral y de los magistrados del Tribunal Electoral que se niegan sistemáticamente a dar copia de la vista fiscal del caso que involucra nada menos que a la secretaria del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, acusada de supuesto delito electoral.
El asunto es más bochornoso cuando se vincula a la persona llamada a defender la transparencia. ¿Por qué en lugar de divulgarlas, se esconden las razones que sirven de fundamento para exonerar a la zar Anticorrupción? ¿Cuál es el miedo? Tal parece que el sustento es aun más peligroso que el hecho mismo.