Hoy concluye la audiencia que enfrenta Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que puede acabar en su enjuiciamiento, como ocurrió con los empleados del IRHE, despedidos en 1990, y por el que el Estado fue condenado. Pero el caso actual tiene ribetes más importantes. Se trata de la desaparición de Heliodoro Portugal, en 1970, a manos de la dictadura de Omar Torrijos.
Si Panamá es llamado a juicio, es probable que muchos casos más terminen en ese tribunal, pues son más de un centenar los desaparecidos y asesinados que no han encontrado justicia aquí.
Lo sorprendente es que, lejos del interés que debe tener el Gobierno en aclarar el fondo de estas muertes, se ha presentado a la audiencia con argumentos baladíes, de forma, en un intento por descalificar a la Corte para encausar a Panamá, postura esta que, además de ser una leguleyada -común en nuestras cortes- revela el descarado deseo de dejar impunes los desmanes del totalitarismo militar que gobernó este país a sangre y fuego durante 21 años.