Si se analizan las cosas que ocurren en Panamá, a veces es inevitable preguntarse para qué hay leyes e instituciones supuestamente encargadas de regular las actividades y de tutelar los derechos de las personas. Y es que hay ciertos proyectos, por ejemplo, que contra viento y marea, pasándole por encima a toda ley o autoridad –o amoldándola a sus necesidades–, y de paso avasallando los derechos ciudadanos, han logrado abrirse paso y avanzar.
Desde los rellenos en el área de Amador, pasando por la planta cementera de Rodman, hasta las aventuras mineras de Petaquilla, todas han recibido un claro rechazo ciudadano, sumado a innumerables intentos de las instituciones pertinentes de detener sus ambiciones. Sin embargo, todo ha sido en vano, pues como se dice en buen panameño, "van porque van".
Al final, mientras algunos se marean con los beneficios de estas "importantes inversiones", se olvidan de que estas acciones van debilitando lentamente las bases de la democracia y alejándonos cada vez más del anhelado estado de derecho.